Lorenzo Miranda, líder de la CChC en Puerto Montt, advierte que el ahorro efectivo para las familias podría ser menor al proyectado inicialmente debido al complejo cálculo de créditos y débitos tributarios.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Puerto Montt manifestó su preocupación y llamó a la moderación frente a las expectativas de rebajas masivas en los precios de las viviendas nuevas tras el anuncio de exención temporal del IVA por 12 meses.
Si bien el Gobierno proyecta que esta medida impulsará la venta de un stock nacional de 100.000 viviendas, el gremio advierte que el impacto en el bolsillo del comprador final podría no ser tan drástico como se espera.
El «techo» del ahorro efectivo
Aunque en el sector financiero se han barajado cifras de rebajas de entre 9 y 12 millones de pesos para dinamizar el mercado, Lorenzo Miranda instó a ser «bastante cautelosos» con estas proyecciones.
El dirigente explicó que las empresas constructoras ya pagan IVA por materiales y servicios durante la ejecución de las obras (IVA crédito), lo cual debe compensarse con el IVA del precio de venta (IVA débito).
Debido a este mecanismo técnico, estimaciones gremiales sitúan el diferencial real de descuento en apenas un 3% o 4% del valor total de la propiedad, lejos de las cifras más optimistas que circulan en el debate público.
Banca y demanda: El nudo crítico
Para la CChC local, la exención tributaria es solo una parte de la ecuación. Miranda enfatizó que «más importante que el stock es la velocidad de ventas», la cual depende directamente del acceso a financiamiento bancario.
El gremio sostiene que el éxito de la medida está sujeto a que la banca flexibilice los requisitos, respaldada por garantías estatales como el Fogaes o la reposición de subsidios a las tasas hipotecarias.
«No se saca nada con una exención de IVA si la banca no tiene apoyo para soltar el dinero y permitir que las familias sean sujetos de crédito», advirtió el líder gremial en Radio Sago.
Certeza jurídica y «permisología»
Más allá de los incentivos económicos, la industria insiste en que el problema de fondo es la excesiva burocracia administrativa, que ha visto aumentar los plazos de tramitación ambiental de 500 a 1.000 días en una década.
Por ello, expresó el dirigente gremial, es necesario establecer reglas claras y certezas jurídicas que no cambien con cada administración, permitiendo que la inversión privada vuelva a fluir hacia proyectos de mediana y pequeña escala.
La discusión legislativa de esta exención de IVA será clave para definir los detalles técnicos que determinen si, finalmente, la medida logra reactivar un sector que hoy se siente «ahogado» por los procesos normativos.
