Tras confirmarse que el Ministerio de Salud solicitó la renuncia a la seremi de Salud, Evelyn Brintrup, la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud (AFUSALUD), junto a la Federación Nacional de Asociaciones de la Salud Pública (FEDASAP) y la ANEF, destacaron que esta decisión es el resultado de un trabajo de denuncia y acción sindical coordinado ante las máximas autoridades ministeriales.
Según detalló Sebastián Godoy Rivas, presidente de Fedesap, los gremios recopilaron y entregaron antecedentes durante semanas, incluyendo al menos nueve denuncias formales bajo la Ley Karin, sin descartar la existencia de otros reclamos de carácter confidencial ingresados directamente al Ministerio.
Un hito clave en este proceso fue la reunión sostenida el pasado 6 de agosto con la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro. En dicha instancia, los dirigentes recibieron una señal que calificaron como «clara y respetuosa»: la declaración de la subsecretaria de que «no avalo el maltrato». Para los gremios, esto constituyó un reconocimiento institucional a la gravedad de los hechos denunciados y la incompatibilidad de las acciones de la exseremi con el rol público.
A pesar de la renuncia, los gremios recalcaron que los procesos administrativos y judiciales no se detienen. AFUSALUD manifestó que se mantendrán «vigilantes» al avance de las investigaciones por Ley Karin que tramita la Subsecretaría de Salud Pública. Paralelamente, las acciones de tutela laboral interpuestas de manera individual por funcionarias afectadas ante los tribunales del trabajo seguirán su curso legal independiente del cambio de mando.
Los dirigentes aclararon que esta movilización no fue un cuestionamiento personal ni una «revancha», sino el cumplimiento de su deber gremial de velar por la integridad de los trabajadores. «No aceptaremos ni relativizaremos situaciones que afecten el clima laboral ni aquellas que vulneren la dignidad individual», enfatizó la directiva de AFUSALUD.
De cara a la designación del sucesor o sucesora, los trabajadores esperan que el Gobierno opte por un perfil que combine la solvencia técnica con habilidades directivas y sociales.
