Parlamentarios y Concejales UDI presentan querella por millonarios traspasos a fundaciones

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Acusando antecedentes que a su juicio podrían ser constitutivos de delitos, parlamentarios y concejales de la UDI presentaron ante la justicia una querella que busca que se aclaren los millonarios traspasos de recursos regionales a las fundaciones Kimun y Participa

La acción legal, en contra de todos los que resulten responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y tráfico de influencias, fue presentada por los abogados Carlos Oyarzún, Pablo Toloza y Teresita Santa Cruz, en nombre de los diputados de la UDI Fernando Bórquez y Daniel Lilayú, y los concejales Evelyn Bintrup, Marcelo Salazar, y Yerco Rodriguez, quien es a su vez presidente regional del partido.

El abogado Carlos Oyarzún indicó que están convencidos que existen responsabilidades penales, y que las fundaciones Participa y Kimun, y el Gobierno Regional deben dar explicaciones a la Justicia.

El presidente regional de la UDI, Yerco Rodriguez indicó que era necesario esclarecer todo lo relativo a los convenios suscritos por el Gobierno Regional con las fundaciones, para el bien de todos

Por su parte el concejal por Puerto Varas, Marcelo Salazar señaló que es necesario encontrar la verdad respecto de la asignación de estos millonarios recursos regionales, de manera de desbaratar lo que denominó como una máquina de corrupción instalada en el territorio de la región de Los Lagos

De los antecedentes vertidos en la demanda, destacan las dudas de los querellantes respecto de la Fundación Participa, la que a la fecha de celebrar el convenio con el Gobierno Regional tenía por objeto la investigación científica, pero obtuvo recursos para saneamiento de títulos de dominio

Cabe consignar que de acuerdo a lo publicado por el Diario El Llanquihue, la misma fundación, a fines del año 2017, un día antes de la fecha de su inicio de actividades, según información disponible en el Servicio de Impuestos Internos, se adjudicó un fondo de seguridad pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El mismo fondo no le fue adjudicado entre 2018 y 2021, pero si en 2022. Es decir, la organización recibió platas publicas durante las administraciones de gobierno de Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

 

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