La Corte Suprema dará a conocer este lunes, después de la reunión del Pleno, el veredicto sobre la solicitud de remoción del suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.
La Fiscalía Nacional solicitó la salida de Arias al máximo tribunal del país considerando su «mal comportamiento y negligencia manifiesta» en el ejercicio de sus funciones, lo que habría quedado de manifesto tras el sumario interno que realizó la institución.
El pasado viernes pleno de la Suprema escuchó los alegatos de la abogada Marisol Peña, por parte de la Fiscalía Nacional, solicitante de la remoción, y del abogado Cristóbal Osorio, defensor de Arias, que se extendieron por dos horas.
Finalizada la exposición, los 14 supremos se reunieron a deliberar y dejaron la votación del veredicto para el pleno de este lunes.
Arias, al presentar sus descargos ante la Suprema, aseguró que los antecedentes presentados, sumados a otros, darán cuenta «precisamente de la falta absoluta de fundamentos, que harán, en definitiva, caer la solicitud de remoción».
¿Qué hechos señala la Fiscalía para fundamentar la solicitud de remoción?
En octubre pasado, la Fiscalía Nacional, representada por la abogada Peña, presentó a la Suprema la solicitud de remoción fundamentada «en ocho hechos, en el caso del mal comportamiento, y cuatro hechos adicionales, en el caso de la negligencia manifiesta«.
Según informó La Tercera, estos hechos que señala la Fiscalía Nacional habrían ocurrido entre 2016 y 2019, y corresponden a los siguientes:
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No informar a la Dirección de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional de una entrevista a La Tercera, realizada en agosto de 2016.
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El iniciar una investigación penal sin informar a la Fiscalía Nacional, indagatoria donde Arias era víctima por el delito de «grabación ilegal».
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El conceder varias entrevistas en medios de comunicación sobre los incendios forestales del verano de 2017.
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El realizar un encuentro en Pumanque con víctimas de estos siniestros, donde habría revelado detalles de la investigación en curso sobre estos casos.
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El solicitar a su secretaria extraer una ficha SAO y enviársela a su cuñado, quien posteriormente la adjuntó en una denuncia realizada en el OS-7 de Carabineros.
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El no informar a la Fiscalía Nacional sobre una investigación penal abierta en la fiscalía de Puerto Montt, por delito informático de extracción de ficha SAO.
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El pedir a un abogado de su fiscalía «corroborar» si en la carpeta investigativa del caso Iglesia había una carta enviada por el obispo emérito Alejandro Goic al cardenal Ricardo Ezzati, que apareció publicada en un reportaje en El Mercurio en julio de 2018.
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El ordenar a la unidad de alta complejidad de su fiscalía no prestar apoyo a la fiscal Marcia Allendes en la investigación del caso Caval.
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Infringir normas sobre «uso de vehículos fiscales» por enviar a su chofer a comprar codornices.
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Asistir sólo a cuatro de nueve reuniones del Consejo General de Fiscales.
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Y el no iniciar investigaciones administrativas o penales por filtración de carpetas a medios de comunicación: La primera a Canal 13 por una boleta de Sebastián Dávalos relacionada al caso Caval y la segunda respecto a la carta de Goic en El Mercurio.
En paralelo, Arias enfrenta otro sumario por presuntas deficiencias en una causa contra Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon por estafa.
Asociación de Fiscales: «El caso Arias ha provocado un gran daño a la imagen del Ministerio Público»
El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, espera que el caso de Emiliano Arias, junto con el de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que terminó con la destitución de los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, acusados de cometer presuntos hechos de corrupción, sea una lección para el manejo de este tipo de escenarios.
«El caso Arias ha provocado un gran daño a la imagen del Ministerio Público. Lo único bueno de este proceso es que por fin se va a terminar», sostuvo Uribe.
«A futuro yo esperaría que las cosas se manejen un poco mejor y lo que son conflictos internos puedan resolverse dentro de la institución y que evidentemente sólo se externalice aquello que eventualmente sea delito o una situación de otro tipo», indicó el persecutor.
A juicio del presidente de la Asociación de Fiscales, «acá le faltó capacidad de conducción a nuestras autoridades».
La opinión de los diputados por Rancagua
Para Juan Luis Castro (PS), diputado por el Distrito 32 (Rancagua), señaló que «este fallo es decisivo en marcar un antes y un después respecto de cómo debe comportarse el Ministerio Público frente a hechos que la ciudadanía pide probidad».
«Lo más probable es que la Corte Suprema remueva al fiscal Arias dada la contundencia de antecedentes que ha entregado el Ministerio Público nacional», afirmó el parlamentario socialista.
Castro espera, además, que el caso termine con una discusión para mejorar el código orgánico que regula a los fiscales, «porque es inaceptable para los tiempos de hoy que el Ministerio Público, cuando sucedan hechos de gravedad, se investigue a sí mismo y no tenga mecanismos externos que hagan que entidades diferentes evalúen a los persecutores acusados».
Por su parte, el también diputado por Rancagua Issa Kort (UDI) no quiso referirse al posible resultado del fallo, pero espera que este tipo de casos sean una guía para otras investigaciones, aunque las partes «van a tener circunstancias de apelaciones ya sea en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema».
«(Ante) todos los casos que se están investigando por parte del Ministerio Público con situaciones de autoridades judiciales, ya sea el fiscal Arias u otras autoridades del Poder Judicial, como de la Corte de Apelaciones de Rancagua, nuestra actitud es de esperar confiados en que el Ministerio Público y los tribunales de Justicia van a desarrollar un trabajo como corresponde«, señaló el legislador gremialista.
