Actualmente hay once solicitudes de desalojo pendientes, de las cuales siete corresponden a terrenos fiscales y las otras cuatro a sitios municipales, según confirmó el Gobernador provincial, Daniel Lilayú, quien además comentó que “esos terrenos tienen dueños”, añadiendo que “estamos en el trámite administrativo (…) tenemos que hacer cumplir la Ley”.
Asimismo, Lilayú agregó que “nos rigen principios básicos como el Derecho de propiedad”.
Cabe mencionar que según un catastro existieron un total de 21 tomas ilegales, de los cuales ya han desalojado tres de ellos de propiedad del Serviu y dos particulares.
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