La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer nuevos antecedentes en torno a la polémica por el uso de licencias médicas fraudulentas, la que se abrió con su primer hallazgo en mayo de este año, y que comprometía a 25 mil funcionarios públicos. El ente contralor informó este viernes que otros 10.805 funcionarios públicos que se desempeñan en servicios públicos con presencia regional salieron fuera del país durante su licencia médica o en parte de ella.
Según el nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, esto podría implicar el uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales el 76% corresponde a Fonasa y un 24% a Isapres. El nuevo reporte había sido comprometido por la contralora, Dorothy Pérez, en junio de este año ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En él, se agrega que los titulares de esas 15.257 licencias, habrían entrado o salido del país en 26.606 oportunidades. Del total, 67 funcionarios registran entre 16 y 30 entradas y/o salida, mientras que 30 tienen más de 30 entradas y/o salidas del país. Tanto en 2023 como en 2024, los viajes al extranjero se concentraron principalmente en el último trimestre, es decir entre octubre y diciembre.
Respecto de los servicios a los que pertenecen los funcionarios que habrían incumplido su periodo de reposo, estos pertenecen a 442 entidades públicas de regiones. De ellas, el 67% corresponde a servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales, y un 3% a otro tipo de servicios.
Se destacan el Servicio de Salud Magallanes (1.258 licencias), SLEP Chinchorro (1.065 licencias), Servicio de Salud del Reloncaví (780 licencias), Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692 licencias), Dirección Servicio de Salud Aysén (553 licencias), y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517 licencias). Estos más de 10 mil casos se suman a los 25.078 funcionarios públicos dados a conocer el 20 de mayo pasado, en el marco del CIC N° 9. Tras la presentación de este reporte, la Contraloría anunció que notificará a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor, y remitan las respectivas resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la CGR, en un plazo de cinco días hábiles.
Fuente: Emol.com
